10 de marzo de 2015 los partidos políticos firmantes de la
Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud refrendaron, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el compromiso de incluir en sus próximos programas electorales la restitución efectiva del derecho universal a la salud eliminado por el
Real Decreto Ley 16/2012 y que ha supuesto la pérdida de tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas –
78.000 de ellas en la Comunitat Valenciana– desde su entrada en vigor.
Pedro Sánchez, Gaspar Llamazares, Mònica Oltra, Toni Cantó y otros líderes y representantes de 12 partidos políticos españoles estuvieron en el acto, con el fin de reiterar su compromiso de poner en marcha las medidas legislativas, políticas y presupuestarias necesarias para restituir el modelo sanitario universal, tal y como contemplaba la legislación española antes de la adopción del Real Decreto Ley y eliminar, así, las figuras de
asegurado y beneficiario.
Tras casi tres años de aplicación del Real Decreto, aprobado el 20 de abril de 2012 como medida urgente para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico han venido denunciando los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno español de la legislación internacional de derechos humanos.
Conforme a las cifras aportadas con el Programa Nacional de Reformas de 2013 entregado a las instituciones europeas,
873.000 tarjetas de personas extranjeras residentes en España fueron dadas de baja al entrar en vigor la norma, de ellas 78.000 en la Comunitat Valenciana. Hasta abril de 2014, Médicos del Mundo ha documentado más de
1.000 casos de personas inmigrantes que se han visto afectadas por esta medida, o bien por no poder cumplir los requisitos administrativos para acceder a una tarjeta sanitaria, o por ser víctimas del
caos y la desinformación que ha caracterizado a la implantación de la reforma sanitaria hasta el día de hoy.
En la Comunitat Valenciana el Observatorio para el derecho a la Salud- ODUSALUD publicó en su informe de noviembre 1004 casos de inasistencia. Por su parte, la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria y Yo sí Sanidad Universal han documentado la existencia de
319 casos de exclusión sanitaria sólo en seis meses -entre diciembre de 2013 y junio de 2014. Estas cifras sólo se reducen a los
casos conocidos por estas organizaciones y representan una pequeña muestra de la realidad de los cientos de miles de personas inmigrantes en situación irregular que han quedado sin acceso normalizado a la atención sanitaria pública.
A tenor de la grave situación actual, la Declaración compromete a los partidos firmantes a
incluir en sus programas electorales medidas concretas que, mientras siga en vigor la actual legislación estatal, garanticen el cumplimiento en todas las comunidades autónomas de los supuestos a los que el Real Decreto Ley reconoce el derecho gratuito a la asistencia sanitaria: menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo y víctimas de trata de personas. Asimismo, los partidos deberán dar los pasos necesarios para
prohibir la exigencia de pago por servicios sanitarios de urgencias que se aplica en algunas comunidades a inmigrantes sin tarjeta sanitaria o en situación administrativa irregular.
Estas promesas electorales darán respuesta a la tremenda
asimetría en la regulación que han diseñado las comunidades autónomas y que acentúa la desigualdad en el acceso a la salud. El compromiso refrendado tendrá un
seguimiento efectivo por parte de las numerosas organizaciones sociales y profesionales que han promovido la iniciativa. Se prevé poner en marcha una campaña que, de cara a las próximas elecciones generales y autonómicas, verifique que las medidas firmadas se conviertan en decisiones reales.
Las Organizaciones que apoyan la iniciativa son: Asociación de Juristas de la Salud, Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), A. Madrileña de Administración Sanitaria, Red Acoge, Center for Economic and Social Rights (CESR), Federación de Planificación Familiar Estatal, Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública (FASPU), Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Apoyo Positivo, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español – EAPN España, Medicusmundi, Spes España, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Intress, Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, ARI-PERÚ asociación, NetWorkWoman, Acobe, Servicio Jesuita a Migrantes – España, Farmacéuticos Mundi (FARMAMUNDI), Federación Accionenred, Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC), Movimiento por la Paz, SOLIDARIOS, Federación Estatal de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas y el VIH (FAUDAS), Economistas sin Fronteras, Fundación alianza por la solidaridad, FUNDACION BACHUE, Fundacion 26 de Diciembre, Fundación Cruz Blanca, Adhara Asociación VIH/Sida, Acción en Red- Andalucía, Asociación Villa Teresita de Valencia, Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Hepatomur - Asociación Murciana de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, Comité Ciudadano Anti-Sida del Campo de Gibraltar, Asociación Española para el Derecho Humano a la Paz (AEDIDH), Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), Foro Galego de Inmigración, Asociación Socio-Cultural "Entre Mares", SARE, Asociación Arrats, Asociación Voluntariado Claver-SJM, Plataforma Somos Migrantes de Sevilla, Askabide, FAPMI ECPAT, Fundación Cruz Blanca, ARI-PERÚ asociación, NetWorkWoman, Salud por Derecho.
