Hasta hace bien poco tenía conceptos errados.
Pensaba que una ONG recibía subvenciones de la administración, para el desarrollo de proyectos de acción humanitaria, de acuerdo con criterios explícitos y que pusieran de relevancia su idoneidad.
Aspectos como su antigüedad, trayectoria consolidada, proyectos realizados, transparencia en su gestión económica, reconocimiento público, etc, además de la calidad técnica de los proyectos, servían para seleccionar la entidad receptora de subvenciones.
Me equivocaba.
Esos eran requisitos propios de una época burocrática felizmente superada. En consonancia con los nuevos tiempos, la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana ha adjudicado la construcción de un hospital en Haití (ver diario El Pais de 14/06/2011) a una ONG investigada por la fiscalía por el uso dado a subvenciones recibidas con anterioridad.
Desconozco cuánto se ha valorado este hecho de cara a la adjudicación de la subvención. Debe ser mucho porque la subvención de dinero público concedida, 4 millones de euros, lo exige. Bajo la lupa de la fiscalía, la ONG investigada se esforzará en una gestión de fondos libre de toda sospecha.
Otra ONG que ha recibido 177.000 euros sin convocatoria pública tiene como objetivo la solidaridad hispano -guineana. Por ello será la encargada de realizar un proyecto en Paraguay, dejado sin fondos en una covocatoria anterior. Es sabida la similitud de Guinea y Paraguay. Es la razón de que a la misma Conselleria no le ha sorprendido esta reorientación de la entidad beneficiaria (carámba!, también investigada por la fiscalía!), que a alguien poco informado pudiera resultarle chocante.
Entiendo ahora porqué varias ONGs han recurrido la asignación de subvenciones realizada por la mencionada Conselleria (ver diario Levante de 3/06/2011).
Es por resentimiento (y envidia).
Ellas no pudieron demostrar que estaban siendo investigadas por la fiscalía.
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