De ciudadanos a asegurados

Estábamos en un error. Creíamos que desde la Ley General de Sanidad de 1986 la asistencia sanitaria pública era un derecho para españoles y extranjeros residentes en España. Es más, por si había dudas, la Ley General de Salud Pública de 2011 hablaba del “Principio de equidad” para promover la disminución de las desigualdades en salud y del “Derecho a la igualdad” en materia de salud pública.

Pero ya digo, era un error. Esa percepción de sociedad igualitaria en cuanto a derechos y deberes era fruto de una errónea interpretación de la ley, interpretación que era la causa de que pensáramos que la sanidad se pagaba con nuestros impuestos, no con nuestras cotizaciones a la Seguridad Social como antaño o que la situación laboral de una persona: trabajador en activo, parado, estudiante, etc., no condicionaba su derecho a cobertura sanitaria.

Mentiras

Es mentira que con la restricción sanitaria a emigrantes sin “regularización fiscal” se vayan a ahorrar 500 millones de euros.

Sencillamente porque nadie lo puede saber. Se desconoce el nº de emigrantes que se verán afectados por tratarse de una población “oculta” y cambiante.

Además, aunque contáramos con un nº aproximado de afectados, aplicarles a ellos el costo sanitario medio que genera un español para hacer el cálculo sería falaz. En primer lugar porque ese coste medio incluye prestaciones como urgencias, maternidad y asistencia sanitaria a menores que se mantendrán para los emigrantes irregulares. En segundo lugar, porque todos los estudios científicos concuerdan al señalar que los emigrantes son menos consumidores de servicios sanitarios que los españoles, porque suelen ser jóvenes, sanos, con culturas sobre la accesibilidad a los servicios diferentes a la nuestra y con temor a las trabas burocráticas o a complicaciones legales. Precisamente estas dificultades contribuyen a demorar la solicitud de asistencia en caso de enfermedad lo que puede aumentar el recurso a urgencias, aspecto no controlado por esta nueva norma.