La aprobación del real Decreto 16/2012 supuso el fin de período de avances en el derecho a la salud de las mujeres, en especial en sus derechos sexuales y reproductivos que hasta ese momento habían sido promovidos y protegidos por políticas, planes y programas del Estado, pero el RD dejó fuera del sistema sanitario a las personas migrantes en situación irregular, un retroceso al que se ha unido el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer embarazada que atentan contra los derechos humanos en general y de las mujeres en particular.
Nos parece un buen momento este, en la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres para denunciar que el desmantelamiento de las políticas sanitarias, sociales y educativas que están teniendo lugar supone un peligroso retroceso en los derechos de las mujeres.
En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que tuvo lugar en El Cairo en 1994, quedó recogido que la planificación familiar no es solo un medio para controlar la fertilidad de las mujeres sino que es ante todo un derecho que afecta a lo más íntimo como es su cuerpo, su sexualidad, sus relaciones y al hecho de tener o no hijos. Recordemos que España como signataria se comprometió, tanto en la legislación como en la práctica, a garantizar el acceso universal a la planificación familiar.
No podemos olvidar que las políticas a favor de la salud sexual y reproductiva tienen a su vez efectos sobre la autonomía de la mujer, el cambio social, la educación y la igualdad de género. Un ejemplo de ello es que el acceso a métodos anticonceptivos reduce la mortalidad materno- infantil pues permite espaciar los embarazos y evitar las complicaciones derivadas de los embarazos tempranos, esto contribuye al desarrollo económico del país al aumentar la esperanza de vida o los ingresos económicos de las familias... Estas mujeres a su vez pueden continuar con sus estudios, incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres y aceptar puestos de responsabilidad lo que ayuda a reducir las desigualdades en materia de género en la edad adulta.
Un acceso a la planificación familiar no elimina la totalidad de los embarazos no deseados por lo que junto a los métodos anticonceptivos es necesario también un acceso libre, seguro y gratuito al aborto.
Con la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer embarazada muchas mujeres se verían abocadas a abortos clandestinos e inseguros convirtiéndose así en un problema de salud pública debido a los efectos negativos que sobre las salud de las mujeres se causaría al aumentar las probabilidades de muerte y complicaciones derivadas. Cuando se realiza un aborto en condiciones seguras las complicaciones son extremadamente raras, el riesgo de muerte por aborto en países desarrollados es menor de 1 por 100.000 intervenciones. Por el contrario, y como señala la OMS las leyes restrictivas sobre el aborto no tienen un efecto disuasorio sino que lo confinan a la clandestinidad.
La práctica de un aborto inseguro, o la posibilidad o no de abortar es reflejo de las desigualdades sociales en materia de salud pues las mujeres con poder adquisitivo a pesar de la existencia de la prohibición conseguirán un aborto seguro, y las mujeres que no cuenten con los medios adecuados no podrán contar con dicha posibilidad haciéndolas más vulnerables todavía.
Para Médicos del Mundo corresponde al Estado asegurar un acceso y una atención sanitaria universal, gratuita y de calidad para el disfrute del
derecho a la salud de mujeres y hombres y en especial de los derechos sexuales y reproductivos; los cuales deben de hacerse efectivos desde el sistema sanitario público, el sistema escolar ( con la educación afectivo-sexual) y programas para adolescentes.
Pilar Bruyel Pérez -Vocal de Género y Derechos Humanos
Grupo de trabajo de Género y Derechos Humanos
No podemos olvidar que las políticas a favor de la salud sexual y reproductiva tienen a su vez efectos sobre la autonomía de la mujer, el cambio social, la educación y la igualdad de género. Un ejemplo de ello es que el acceso a métodos anticonceptivos reduce la mortalidad materno- infantil pues permite espaciar los embarazos y evitar las complicaciones derivadas de los embarazos tempranos, esto contribuye al desarrollo económico del país al aumentar la esperanza de vida o los ingresos económicos de las familias... Estas mujeres a su vez pueden continuar con sus estudios, incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres y aceptar puestos de responsabilidad lo que ayuda a reducir las desigualdades en materia de género en la edad adulta.
Un acceso a la planificación familiar no elimina la totalidad de los embarazos no deseados por lo que junto a los métodos anticonceptivos es necesario también un acceso libre, seguro y gratuito al aborto.
Con la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer embarazada muchas mujeres se verían abocadas a abortos clandestinos e inseguros convirtiéndose así en un problema de salud pública debido a los efectos negativos que sobre las salud de las mujeres se causaría al aumentar las probabilidades de muerte y complicaciones derivadas. Cuando se realiza un aborto en condiciones seguras las complicaciones son extremadamente raras, el riesgo de muerte por aborto en países desarrollados es menor de 1 por 100.000 intervenciones. Por el contrario, y como señala la OMS las leyes restrictivas sobre el aborto no tienen un efecto disuasorio sino que lo confinan a la clandestinidad.
La práctica de un aborto inseguro, o la posibilidad o no de abortar es reflejo de las desigualdades sociales en materia de salud pues las mujeres con poder adquisitivo a pesar de la existencia de la prohibición conseguirán un aborto seguro, y las mujeres que no cuenten con los medios adecuados no podrán contar con dicha posibilidad haciéndolas más vulnerables todavía.
Para Médicos del Mundo corresponde al Estado asegurar un acceso y una atención sanitaria universal, gratuita y de calidad para el disfrute del
derecho a la salud de mujeres y hombres y en especial de los derechos sexuales y reproductivos; los cuales deben de hacerse efectivos desde el sistema sanitario público, el sistema escolar ( con la educación afectivo-sexual) y programas para adolescentes.
Pilar Bruyel Pérez -Vocal de Género y Derechos Humanos
Grupo de trabajo de Género y Derechos Humanos
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