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Este hecho no solo supone un tremendo retroceso en las conquistas sociales, sino que supone una agresión a la autonomía de las mujeres y a su salud. Ya en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en El Cairo en 1994 (en la que participó España), 179 países reafirmaron los derechos de las mujeres y las niñas a tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad. Además la ONU recuerda que restringir el acceso de las mujeres al aborto, no conduce a la reducción del número de embarazos interrumpidos, sino que aumenta la inseguridad de los abortos practicados y por lo tanto aumenta la morbi-mortalidad de las mujeres que se someten a una interrupción en situación de clandestinidad. Cada año mueren miles de mujeres en todo el mundo a causa de abortos inseguros.
Por otro lado, el proyecto de ley que prepara el gobierno, somete a las mujeres que quieran acceder a una interrupción del embarazo a un trato vejatorio,
- al dejar en manos de personas ajenas a ellas mismas esta decisión,
- obligándolas a contar con dos informes médicos de diferentes centros,
- a recibir apoyo psicológico obligatorio,
- a darles información sobre cuestiones no médicas
- y a esperar siete días (periodo de reflexión) antes de poder acceder a la interrupción.
A todo ello se añade el incremento del riesgo que para la salud de las mujeres tiene la demora en el tiempo que introducirá la nueva legislación.
Otro de los puntos que incluye el proyecto, es la necesidad de haber interpuesto una denuncia previa cuando la mujer que quiere interrumpir la gestación ha sufrido una agresión sexual. Este hecho contribuye a crear una barrera en el acceso para aquellas mujeres que se encuentren en situación administrativa irregular, ya que las expone a ser expulsadas del país.
Y finalmente se abrirá una brecha entre aquellas mujeres que dispongan de los medios económicos suficientes para poder desplazarse fuera del país para interrumpir de forma segura su embarazo y aquellas mujeres, que por falta de recursos, se vean en la necesidad de interrumpirlos de forma clandestina con riesgo para su salud o seguir adelante con un embarazo no deseado. Por lo tanto las consecuencias de esta ley serán mucho más duras para aquellas mujeres que se encuentren en situación de exclusión social tanto por su renta baja como por ser inmigrantes sin acceso a la sanidad desde el decreto de 2012.
Interrumpir un embarazo de forma legal en un país desarrollado es una intervención segura (menos de 1 muerte por cada 100.000 intervenciones mientras que los abortos inseguros implican un riesgo de muerte de 220 veces mayor).
Aprobar esta nueva ley supone adoptar prácticas que van en contra de los acuerdos internacionales firmados por España, y por ello deberá dar cuenta en la Conferencia sobre Población y Desarrollo que se celebrará el próximo septiembre en el Cairo: (Cairo+20); y supone adoptar posturas contrarias a las que siguen la mayoría de los países del entorno europeo.
Desde Médicos del Mundo Comunidad Valenciana afirmamos que esta ley, es una agresión hacia todas las mujeres, pero muy especialmente hacia las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, las cuales ya son especialmente vulnerables desde la aprobación del decreto sanitario 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; y por ello pedimos al gobierno que adopte las medidas necesarias para restituir el modelo sanitario universal vigente en el país hasta la entrada en vigor del Real Decreto.
Si quieres conocer el manifiesto de la plataforma puedes pinchar aquí: http://nosotrasdecidimos.org/manifiesto/
Si quereis conocer el anteproyecto de ley
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