En Médicos del Mundo creemos que el acceso a
una sanidad pública universal y gratuita es un derecho fundamental de todo ser humano que
no puede ser cuestionado por ningún gobierno ni partido político. El martes 3 de noviembre, el Tribunal Constitucional decidió
suspender la ley valenciana 3/2015 que garantiza la atención sanitaria a los 'sin papeles' en la Comunidad Valenciana, admitiendo a trámite el recurso que el gobierno central impuso el pasado 28 de octubre por considerar que ni el alcance de la cobertura sanitaria ni su financiación son competencia de la autonomía.
La ley fue aprobada por el PSPV con el apoyo de Compromís hace unos meses, con el cambio de gobierno en la Generalitat. "Es una cuestión de lealtad a los ciudadanos, que tiene que ver con la dignidad y esencia del gobierno valenciano, que cree en la solidaridad y la igualdad", afirma el presidente valenciano. La 3/2015 dio cobertura sanitaria a
30.000 personas que habían quedado excluidas del sistema sanitario desde 2012, cuando Rajoy decidió suprimir el derecho a la sanidad universal a nivel nacional con la excusa de reducir el gasto público. No obstante, algunas Comunidades Autónomas como
País Vasco y Navarra mantuvieron sendas leyes autonómicas para paliar el ataque del ejecutivo al derecho fundamental.
 |
Reunión de emergencia Gobierno Valenciano y
organizaciones ODUSALUD, 5 noviembre 2015 |
Pese a la suspensión cautelar, Ximo Puig ha dado orden a los centros de salud de
seguir atendiendo a todos los inmigrantes. El presidente ha buscado el apoyo de les Corts y de la sociedad valenciana para luchar por la nulidad de la decisión del Constitucional. El miércoles él y la consellera de sanidad, Carmen Montón, se reunió con la plataforma ODUSALUD a la que pertenece Médicos del Mundo junto a Caritas, Synfyc, Ceinmigra, entre otras.
En está sesión se acordó convocar una
manifestación el próximo domingo 15 de noviembre por el mantenimiento de la ley de protección sanitaria a la ciudadanía y por la inclusión de este derecho básico en la Constitución.
Las organizaciones esperan que
el TC declare la nulidad de la suspensión del mismo modo en que lo hizo con la ley vasca y navarra, las cuales también se vieron amenazadas por el gobierno central.
Ana Pérez, nuestra presidenta, sostiene que hasta que el Constitucional se pronuncie definitivamente
"van a ser unos meses de gran incertidumbre" y asegura que
"el gobierno recurre el decreto valenciano con una intención claramente electoralista" y que hasta
"el propio ejecutivo ha reconocido que quitar la asistencia sanitaria universal no ha sido buena idea".
