Alicante, esconder los problemas por ley

Si ayer nos alegraba que Sevilla aprobara una ordenanza municipal que propone nuevas formas de luchar contra la prostitución, hoy mismo el diario el Pais se hace eco de la noticia. El ayuntamiento de Alicante aprueba la ordenanza que multa a las víctimas y a los mendigos sin tener en cuenta mas alegación que el plante de la policía local contra la obliación de "incautar" el dinero a los mendigos. 

El problema no se solucionará pero no será visible. Las chicas se alejarán de las calles para apostarse en polígonos y carreteras de las afueras, donde son aun mas vulnerables. 



Está previsto que reciba la luz verde definitiva en el pleno del mes próximo. Alicante es la primera de las tres capitales valencianas que regula específicamente la prostitución y también la mendicidad.

Relata el pais:
"La ordenanza, muy criticada por considerar que se limita a sancionar o que únicamente tiende a esconder realidades, ha recibido alegaciones de sindicatos, colectivos cívicos, la oposición política, comerciantes, y del foro social contra la ordenanza del que forman parte Médicos del Mundo, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo o la Comisión Diocesana Justicia y Paz. Seva explicó que el equipo de gobierno ha aceptado únicamente dos alegaciones: una del Sindicato policial SPPL, que pedía anular la decisión de que la autoridad procediera, en el caso de la mendicidad, a intervenir los frutos obtenidos mediante esta práctica". 
Sanciones

- Prostitución: las infracciones leves (ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos en el espacio público cuando estas prácticas impidan o perturben la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público con otras personas con derecho a su utilización) serán sancionadas con hasta 750 euros; Las graves (ofrecer, solicitar o negociar a menos de 200 metros de centros docentes) tendrán multas de entre 751 euros y 1.500 euros; Y las muy graves (mantener relaciones sexuales en espacios públicos) se sancionarán con hasta 3.000 euros.